Red y Libertad

Es necesario en vista de lo que está ocurriendo en este país con los enemigos de las garantías procesales y de la libertades en Internet, que los internautas nos movilicemos como ciudadanos para defender la Democracia, no permitiendo que las garantías procesales desaparezcan en una Ley que lo mismo sirve para cerrar una web de vínculos, que un blog ya que no se especifica cuál va a ser el objetivo de la Disposición, y si el mecanismo para cerrar una web (sin especificar). Por eso…

 

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1. Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2. Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3. Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4. Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.
   Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que vincula a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos
5. Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6. De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7. Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o “ley de la patada en la puerta”). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D, “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A, “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C, “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B, “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y delegaciones diplomáticas.

Firmado
Red SOStenible

La Red SOStenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Soluciones para los problemas de incontinencia

Es mucho lo que ha avanzado la ciencia médica, solucionando los problemas de incontinencia de diversos modos, y paliando los efectos de dicha dolencia.
Pañales o compresas de todo tipo y tamaño pueden encontrarse en dispensarios, centros médicos, hospitales y despachos de farmacia. Estos, puestos a disposición de la sociedad incrementa la calidad de vida de sus miembros.
Pero, aunque la industria de la celulosa nos ha provisto de tan útiles herramientas, no ha sido capaz de proporcionar a la sociedad de un remedio que disminuya los efectos de otro tipo de incontinencia: la verbal.
Todos sabemos lo dados que están siendo personajes públicos y portavoces varios en excretar en modo de sentencias lo que no ha más que insultar a las medianas inteligencias que conformamos el promedio de esta sociedad. No quiero imaginarme cuanto han de sufrir las mentes más preclaras del país, que han de tener más sensible el sentido.
Espero que encuentre pronto la industria solución a tanta prédica y discurso que nos permita contener los humores no compatibles con una sociedad como la nuestra: democrática.

Sobre los Templos Municipales

Como todos sabemos, este país es declaradamente aconfesional, tal y como indica el artículo 16.3 de la CE, y defendemos (en términos generales) la libertad de creencias de sus ciudadanos.

Viene esto a colación por dos cosas que me han venido a la mente y para las cuales creo que he encontrado una solución.

Por un lado, están construyendo una iglesia en mi barriada que sustituye a la antigua iglesia que hubo que derruir hace unos años. Durante este tiempo los católicos practicantes han tenido que ir a unos barracones para seguir sus ritos ya que al parecer la Iglesia Católica carecía de fondos para construir un templo.

Por otro lado, los ciudadanos que profesan otras religiones como la islámica, la judía, u otras ramas del cristianismo, carecen de templos en los que realizar sus rituales, debiendo desplazarse a otros puntos y centros en la ciudad.

Fuera de los días sacros y de las horas de rezo, los usos de las infraestructuras religiosas son menores. Se me ocurrió que dado que musulmanes, judíos y cristianos tienen distintos días sacros, viernes a domingo respectivamente, no deberían tener demasiado inconveniente en la posibilidad de compartir una infraestructura (edificio) para el culto que cubriese las necesidades de cada una de las religiones, y permitir a los distintos profesantes el cumplimiento de los preceptos de su religión.

Esta especie de iglesia/templo-sinagoga-mezquita tendría una titularidad municipal, y por ende estatal, pero no comprometería la aconfesionalidad del Estado. Es más, sería el Estado el que mediante este sistema garantizaría a los ciudadanos la posibilidad de practicar su religión en unas condiciones adecuadas.

Por otro lado, fuera de los horarios de culto, ser podría emplear los distintos locales anejos para las actividades que actualmente mantiene cada culto, pero acercándolo a los ciudadanos de todos los distritos de la ciudad, y no segregando en función de las confesiones que estos tengan.

Otra ventaja del sistema, a mi modo de ver, es que las actividades que se realicen en el interior de dichas instalaciones no pueden ir nunca en contra del régimen jurídico español, por lo que no podría actuarse conminando derechos de los ciudadanos, lo cual no quita para que cada confesión pueda opinar desde sus creencias, pero nunca metiéndose en el espacio político público, el cual queda claramente fuera del ámbito de las religiones, y razón por la que en los países avanzados, Iglesia y Estado están y deben estar separados.

Y lo que es más importante, dejaremos de ver esas desgracias de edificios que dicen que son templos y que en muchos casos afean la ciudad en vez de embellecerla.

Sobre la República

A raíz de un "concurso" para dar un "argumento razonable y democrático para defender la monarquía", me he vuelto a plantear algunos puntos por los que creo que es tan difícil hablar en este país de la forma de estado.

Creo que debemos definir como axioma que en una democracia todo el poder de gobierno se encuentra en el pueblo, el cual es soberano. Desde ahí hemos de plantearnos cómo esa soberanía se ve reflejada.

Veo claro que el pueblo decide sobre los poderes Legislativo y Ejecutivo creando parlamentos y proporcionando mayorías que formen gobiernos. No veo claro que el pueblo sea soberano respecto del poder Judicial. En otros países, los jueces han de responder de su rendimiento y de su trabajo ante los electores de su circunscripción.

Por otro lado, la institución de la Jefatura del Estado se ha asignado a una familia de manera indefinida, estableciendo una clara diferencia entre los ciudadanos que querrían desempeñar el cargo de Jefe de Estado, y los que lo ejercerán por derecho de cuna.

No creo que esto sea muy democrático. Si en vez de Presidente de la República queremos llamarle Rey no tengo problema alguno, pero si me parece lógico que pudiésemos renovar la confianza en el ejercicio a dicho responsable o poner a otro si así lo considera oportuno el Pueblo.

¿Cuál es el problema desde mi punto de vista? Creo que la imposibilidad de hablar con tranquilidad sobre este tema viene de muy atrás. La dictadura franquista ejerció un papel aleccionador en el inconsciente colectivo asimilando el término República en España a violencia, abuso, descontrol, izquierda, etc. De modo que mucha gente de este país, al hablar sobre el tema de la forma de estado, huye asumiendo y dando por bueno el status quo.

Creo que ayuda poco a la "causa republicana" es la lucha de símbolos. Un simple cambio en la corona real a corona mural en el escudo de España puede simbolizar el cambio, y mostrar a la vez una continuidad de lo que somos: un país democrático, que puede mejorar su democracia.

No tengo problemas con el actual JE. La historia es la que es, y no podemos cambiarla, y trabajo al frente creo que ha cubierto más que bien los mínimos, pero esto no justifica mantener una institución a la que no tenemos derecho a acceder y si obligación de soportar. Creo que este país debe dar un paso adelante y empezar a hablar de las instituciones y sus cambios sin mochilas del pasado, y para eso hace falta didáctica, mucha didáctica de lo que es una República.